Desde hace ya demasiado tiempo, el enfoque y la forma de abordar el combate al uso y tráfico ilegal de estupefacientes y psicotrópicos ha sido la prohibición y la persecución policíaca. El esfuerzo de países y de sus corporaciones de seguridad para frenar el consumo y el tráfico de drogas ha estado orientado hacia la oferta: se persigue, se prohíbe, se sanciona a quienes distribuyen y venden drogas.
Desafortunadamente, nuestro país también ha seguido este enfoque y, todavía peor, la miopía de atacar el problema sólo desde la oferta se ha acentuado de forma escandalosa de algunos años a la fecha, sin que el consumo de estupefacientes y psicotrópicos disminuya en la población, sin que se hayan eliminado de manera contundente los cultivos del país destinados a la siembra de algún tipo de droga y sin que se haya logrado mermar seriamente el poder e influencia de grupos y corporaciones de delincuentes organizados.
Y es que los datos con los que contamos en la materia pareciera que son lo suficientemente elocuentes como para que precipitaran una reflexión y un cambio de estrategia inmediata para combatir el tráfico y consumo de drogas y estupefacientes en nuestro país y en el mundo entero.
Se sabe que durante el año pasado, los ingresos por la venta de drogas de los cárteles mexicanos ascendieron a poco más de 14 mil millones de dólares. Imaginemos el poder de cooptación que desarrollan los cárteles mexicanos si cada año reciben y utilizan esa cantidad de dinero para operar. Simple y sencillamente son imbatibles. Sabemos también que en nuestro país las principales drogas ilegales consumidas son la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas, y que las tasas detectadas en el consumo de estas tres drogas muestra una importante tendencia a la alza.
Si a lo anterior sumamos que en nuestro país el marco jurídico vigente contra el consumo y el tráfico de drogas ilegales es inconsistente y, peor aún, no cuenta con una regulación clara y expedita sobre el narcomenudeo y sus implicaciones, nos encontramos ante un escenario social y jurídico que propicia y facilita las operaciones de compra y venta de drogas, con ganancias extraordinarias para el narcotráfico y los grupos de la delincuencia organizada. No me extiendo con los datos, sólo apunto dos conjeturas: el consumo de distintas drogas en México va en aumento y nada parece indicar que los cárteles mexicanos se hayan visto debilitados ni por el supuesto ataque frontal que en su contra ha desplegado el Estado mexicano, ni por la legislación vigente en la materia.
Ante lo evidente, una estrategia nueva y moderna. En el Partido Socialdemócrata (PSD), creemos que una política pública acertada tiene que pasar por la legalización del consumo de las drogas que más se consumen en el país. Nos queda muy claro que una legalización de este tipo requiere regulaciones legales que permitan encuadrar el fenómeno en su exacta dimensión. Esas normas deben ser producto de una deliberación democrática profunda, que debe darse sin prejuicios en un debate necesario y vital para la salud y la seguridad social de México.
En el PSD estamos a favor de la legalización del consumo de las drogas por tres razonamientos: porque reducirá de manera contundente el poder del narcotráfico; porque permitirá atender a cabalidad el problema de las adicciones en nuestro país y, por último, porque devolverá una parte de los derechos civiles escamoteada a los ciudadanos adultos de este país.
PIENSA LIBRE www.psd.org.mx
Desafortunadamente, nuestro país también ha seguido este enfoque y, todavía peor, la miopía de atacar el problema sólo desde la oferta se ha acentuado de forma escandalosa de algunos años a la fecha, sin que el consumo de estupefacientes y psicotrópicos disminuya en la población, sin que se hayan eliminado de manera contundente los cultivos del país destinados a la siembra de algún tipo de droga y sin que se haya logrado mermar seriamente el poder e influencia de grupos y corporaciones de delincuentes organizados.
Y es que los datos con los que contamos en la materia pareciera que son lo suficientemente elocuentes como para que precipitaran una reflexión y un cambio de estrategia inmediata para combatir el tráfico y consumo de drogas y estupefacientes en nuestro país y en el mundo entero.
Se sabe que durante el año pasado, los ingresos por la venta de drogas de los cárteles mexicanos ascendieron a poco más de 14 mil millones de dólares. Imaginemos el poder de cooptación que desarrollan los cárteles mexicanos si cada año reciben y utilizan esa cantidad de dinero para operar. Simple y sencillamente son imbatibles. Sabemos también que en nuestro país las principales drogas ilegales consumidas son la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas, y que las tasas detectadas en el consumo de estas tres drogas muestra una importante tendencia a la alza.
Si a lo anterior sumamos que en nuestro país el marco jurídico vigente contra el consumo y el tráfico de drogas ilegales es inconsistente y, peor aún, no cuenta con una regulación clara y expedita sobre el narcomenudeo y sus implicaciones, nos encontramos ante un escenario social y jurídico que propicia y facilita las operaciones de compra y venta de drogas, con ganancias extraordinarias para el narcotráfico y los grupos de la delincuencia organizada. No me extiendo con los datos, sólo apunto dos conjeturas: el consumo de distintas drogas en México va en aumento y nada parece indicar que los cárteles mexicanos se hayan visto debilitados ni por el supuesto ataque frontal que en su contra ha desplegado el Estado mexicano, ni por la legislación vigente en la materia.
Ante lo evidente, una estrategia nueva y moderna. En el Partido Socialdemócrata (PSD), creemos que una política pública acertada tiene que pasar por la legalización del consumo de las drogas que más se consumen en el país. Nos queda muy claro que una legalización de este tipo requiere regulaciones legales que permitan encuadrar el fenómeno en su exacta dimensión. Esas normas deben ser producto de una deliberación democrática profunda, que debe darse sin prejuicios en un debate necesario y vital para la salud y la seguridad social de México.
En el PSD estamos a favor de la legalización del consumo de las drogas por tres razonamientos: porque reducirá de manera contundente el poder del narcotráfico; porque permitirá atender a cabalidad el problema de las adicciones en nuestro país y, por último, porque devolverá una parte de los derechos civiles escamoteada a los ciudadanos adultos de este país.
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